Amnistía insta al Gobierno de Perú a suspender leyes y concesiones petrolíferas

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Amnistía Internacional ha publicado un comunicado de condena tras su visita a Perú, a raíz del violento suceso que tuvo lugar en la Amazonia y que se saldó con la muerte de  más de 30 policías y civiles.

El conflicto se produjo el pasado 5 de junio después de que la policía armada recibiera la orden de disolver una manifestación indígena que tenía lugar en una carretera que comunica la costa con la selva. Las protestas desencadenaron tras la aprobación, por parte del Gobierno, de una serie de leyes que amenazan los derechos de los indígenas y facilitan a los foráneos apropiarse de sus territorios.

"La organización de derechos humanos solicita asimismo al Estado que se suspendan los decretos ley cuestionados hasta que se haya establecido un proceso de consulta que se adecue a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”, se puede leer en el informe de Amnistía. “Como muestra de buena fe el Gobierno debería además no dar más concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales y suspender las concesiones ya otorgadas en áreas que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas.”

El informe de Amnistía también solicita, en primer lugar, una revisión de las acusaciones formuladas contra algunos líderes indígenas peruanos, en segundo, la investigación “de cualquier denuncia que pudiera recibirse sobre posibles desapariciones” y en tercer lugar, una investigación del conflicto “exhaustiva, imparcial e independiente”.

Según Amnistía, el Gobierno de Perú tiene una “gran responsabilidad” en los trágicos sucesos del 5 de junio, principalmente por no haber realizado una consulta, conforme a lo estipulado en el derecho internacional, a personas que se verían afectadas por las nuevas leyes. Asimismo, afirma que la policía hizo un “uso excesivo de la fuerza” y se disparó de forma “indiscriminada y desproporcionada” a personas desarmadas y se maltrató a gente indefensa e, incluso, a personas heridas que se encontraban en ambulancias.

El equipo de investigación de Amnistía estuvo en Perú del 12 al 24 de junio. Sus solicitudes de reunirse con el presidente, Alan García y con el primer ministro, Javier Velásquen Quesquén, fueron denegadas. “Amnistía Internacional está decepcionada por no haber podido mantener estas entrevistas con los dos más altos funcionarios del Perú y espera que esto no sea indicativo de la seriedad con que el Gobierno toma los graves hechos sucedidos el 5 de junio.”, afirma la organización en su informe.

Leer el informe de Survival con el testimonio de los testigos sobre los sucesos del 5 de junio.

También puedes ver la grabación de Survival con el testimonio de los testigos.