Un informe culpa al Gobierno peruano de la violencia en la Amazonia

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Un informe elaborado por un grupo escindido de la comisión especial nombrada por el Gobierno de Perú para investigar y analizar los sucesos de Bagua, y conocido como “informe en minoría”, culpa al propio Gobierno del violento conflicto que tuvo lugar en la Amazonia peruana el año pasado.

El episodio de violencia se produjo después de que la policía armada cargara contra manifestantes awajún y wampis que estaban bloqueando una carretera cerca de la ciudad de Bagua, al norte de Perú, el 5 de junio de 2009.

El Gobierno nombró una comisión para que investigara los hechos, pero dos de sus miembros, Carmen Gómez Calleja y Jesús Manaces Valverde, se negaron a firmar el informe final, que se publicó el pasado mes de diciembre y que fue objeto de numerosas críticas por su postura progubernamental.

En contrapartida, Gómez Calleja y Manaces Valverde redactaron su propio informe, que se publicó la semana pasada. El informe dice que el operativo policial para limpiar la carretera fue “mal planificado” y “sólo podía llevar a un desastre”: treinta y tres personas murieron, incluidos más de 20 policías y un desaparecido.

Su informe rechaza varias de las afirmaciones que aparecen en el informe oficial de la comisión gubernamental, entre ellas una que asegura que los manifestantes habían sido manipulados por foráneos para que bloquearan la carretera. El informe enumera, asimismo, las razones por las que protestaban los awajún, los wampis y otros pueblos indígenas de otras zonas de Perú. Entre ellas se incluyen:

- Una serie de artículos del presidente García. Uno de ellos fue percibido por la población indígena peruana como “ofensivo, provocativo y amenazador”.

- Una serie de leyes consideradas muy contradictorias con los derechos indígenas.

- Promesas del Gobierno a las organizaciones indígenas que no cumplió.

- Ataques públicos de instituciones gubernamentales a líderes indígenas e intentos de promover divisiones internas dentro del movimiento indígena.

- El progresivo “deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas” desde 1993.

- El hecho de que, en suma a todo lo anterior, muchos pueblos indígenas en Perú ya se habían encontrado a sí mismos y a sus territorios atrapados en un agresivo y alienado sistema económico sin nadie que les consulte y que fue considerado amenazador para la continuación de sus modos de vida tradicionales.