Amnistía - Perú debería suspender la actividad de petroleras en tierra indígena
12 diciembre 2009
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Amnistía Internacional (AI) está presionando “urgentemente” al Gobierno peruano para que suspenda a las empresas cuyo trabajo podría afectar a los derechos de los pueblos indígenas.
AI formula esta recomendación en un nuevo informe: Perú: Bagua, seis meses después, publicado al cumplirse medio año desde que la policía armada cargase contra indígenas que se manifestaban de forma pacífica en Bagua, al norte de Perú.
El informe insta al Gobierno peruano a “revisar todas las concesiones que se hayan otorgado a empresas de las industrias extractivas en áreas en las que tal actividad pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas, con miras a tomar medidas apropiadas para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos. Ninguna actividad debe llevarse a cabo en estas áreas concesionadas hasta que se haya realizado dicha revisión, la cual debe incluir un proceso claro de consulta con las comunidades afectadas.”
La petición de AI se produce después de que el Gobierno haya otorgado más del 70% de la Amazonia peruana a empresas de hidrocarburos), y ha comunicado sus planes de incrementar dicha cifra a comienzos del 2010. Dicha petición se hace eco de una recomendación realizada este año por Naciones Unidas acerca de que Perú no debería permitir las perforaciones en busca de gas o petróleo en tierra de pueblos indígenas sin su “consentimiento informado”.
Entre las empresas potencialmente afectadas se encuentran aquellas que operan en tierra habitada por pueblos indígenas aislados, como Repsol-YPF o Perenco. Muchas comunidades indígenas en Perú rechazan la presencia en su tierra de empresas que se dedican a la industria de extracción de petróleo, gas o minerales, o a la tala de árboles.
Fuentes internas a Survival manifestaron hoy: “Es crucial que el Gobierno de Perú escuche a Amnistía. Los trágicos eventos ocurridos en Bagua se debieron a que el Gobierno intentó entregar la tierra indígena sin el consentimiento de quienes llevan viviendo allí cientos de años. El Gobierno sigue con estos intentos y parece que no ha aprendido la lección”.