El nuevo “timo” del conservacionismo: por qué el objetivo voluntario, al estilo del Acuerdo de París, del “30x30” de áreas protegidas no salvará la biodiversidad del planeta
Artículo de Simon Counsell, investigador y escritor sobre conservación de la naturaleza, derechos humanos y soluciones climáticas “basadas en la naturaleza”. También es consultor de Survival International. Este artículo fue publicado originalmente en CounterPunch en inglés, el 30 de septiembre de 2021.
La idea de incrementar al 30 % la porción de la superficie terrestre y marítima del planeta declarada Área Protegida de aquí a 2030 (“30x30”) se ha convertido en un grito de guerra de los conservacionistas de la naturaleza. Se trata de uno de los objetivos propuestos en un nuevo acuerdo mundial en materia de biodiversidad. Las dudas sobre cómo exactamente podría implementarse este objetivo, y si, en efecto, contribuiría a salvaguardar la biodiversidad del planeta, no se han disipado en gran parte. Hasta ahora es lo que hay, y las respuestas recientes no son en modo alguno tranquilizadoras.
Las propuestas de proteger un tercio de la Tierra para la flora y la fauna silvestres (o incluso “media Tierra”, como sugieren algunos conservacionistas extremistas) han estado en el aire durante décadas, pero la idea solo se ha concretado en una propuesta seria en los últimos años. El objetivo del 30 % para el año 2030 se ha incluido en un nuevo borrador de plan de acción para el decenio de 2020 a 2030 bajo los auspicios del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Un grupo de 60 Estados, encabezados por Francia y Costa Rica, presiona insistentemente a favor de esta idea.
Durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN [celebrado en Marsella en septiembre de 2021], pregunté a la coordinadora del Gobierno francés de esta llamada “Coalición de la Gran Ambición” cómo tenían previsto que se fuera a implementar este objetivo en la práctica. Hay cuestiones clave que no están claras. ¿Tendría que destinar cada país un 30 % de su territorio a la conservación o se trata de un objetivo global, y en este caso, cómo se decidiría qué países protegerían qué territorios, teniendo en cuenta que la biodiversidad está repartida muy desigualmente en el planeta?
Su respuesta me sorprendió: “Se trata en gran medida de un objetivo global. Los distintos países se comprometerían a cumplirlo voluntariamente”. Me confirmó que por tanto sería un mecanismo de naturaleza similar al Acuerdo de París sobre el clima. Suscrito en 2015, este acuerdo fijó un objetivo global amplio de mantener el calentamiento del planeta dentro del límite de 1,5 grados Celsius. Pero dejó en manos de cada país que hiciera sus propias “contribuciones determinadas a nivel nacional”, de carácter voluntario, a la reducción de las emisiones de carbono.
Mucha gente sospechaba en la época que un acuerdo puramente voluntario sobre el clima sería insuficiente para impulsar la acción necesaria. De hecho, seis años después, los compromisos y las políticas nacionales en materia climática siguen abocándonos a un catastrófico aumento de la temperatura global de 2,5 a 2,9 grados, según el Climate Action Tracker[1].
La adopción del mismo mecanismo para la protección de la biodiversidad planetaria sería probablemente todavía menos eficaz. Los Estados defienden celosamente su soberanía sobre el territorio y los recursos que determinan sus reservas de biodiversidad. El territorio es finito, y su uso y calificación conllevan a menudo una fuerte carga política. La delimitación de áreas extensas para fines de conservación ha implicado a menudo, en el pasado, la expulsión de mucha gente de sus hogares. A medida que escaseen las tierras, la probabilidad de que especialmente los países pobres (donde se halla la mayor biodiversidad) estén dispuestos a reservar zonas extensas menguará.
Tampoco hay que olvidar el reto casi insuperable que supone proteger de forma voluntaria el 30 % de los mares, lo que requeriría inevitablemente acuerdos sobre zonas de alta mar, para lo cual no existe ningún mecanismo internacional.
Un planteamiento “estilo París” en materia de conservación también pasa por alto algunas diferencias fundamentales entre la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad. Los compromisos nacionales de reducción de las emisiones de carbono confluyen ampliamente en un esfuerzo mundial porque el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera es el mismo en todas partes, independientemente de su lugar de procedencia. Sin embargo, unas Áreas Protegidas repartidas por el globo, creadas en función de la “disposición” de cada Estado, no tienen necesariamente un efecto aditivo o cumulativo. Numerosos países podrían delimitar vastas áreas para proteger el mismo número limitado de especies (como ya ocurre en buena parte de África). Algunos países de mayor extensión podrían proteger zonas muy amplias que tienen un valor limitado desde el punto de vista de la biodiversidad, pero constituyen una parte significativa del objetivo global del 30 %. Puesto que se calcula que el 70 % de las especies de todo el planeta se hallan en tan solo 17 países “megadiversos”, ¿cómo se podría asegurar que los “compromisos voluntarios” se dieran principalmente en estos países?
Otro problema clave es el hecho de que la delimitación de Parques Nacionales y reservas de la biosfera no abordan necesariamente los factores subyacentes de la pérdida de la biodiversidad: la expansión de la agricultura a gran escala, la sobrepesca, la minería mal planificada y apenas regulada, la tala de bosques y la creación de plantaciones, el enorme sobreconsumo en el mundo rico y, por supuesto, cada vez más el cambio climático.
Es significativo que de los 20 objetivos del anterior plan de acción global en materia de biodiversidad, que abarcaba la década de 2010 a 2020, el único que se ha cumplido es el aumento al 17 % de la superficie planetaria calificada de protegida. Sin embargo, el propio sector conservacionista reconoce que la biodiversidad ha menguado todavía más rápidamente durante el mismo periodo. Un estudio de 2019, en que se analizan más de 12.000 Áreas Protegidas en 152 países, revela que, con algunas excepciones singulares, estas reservas de conservación no han contribuido en nada, durante los últimos 15 años, a reducir la presión humana sobre la flora y la fauna silvestres. De hecho, en muchas de ellas la presión se ha agravado en comparación con áreas no protegidas[2].
Además, inevitablemente se plantea la cuestión de qué ocurre con el 70 % de la Tierra situada fuera de las Áreas Protegidas. ¿Se abandona sin más a manos de empresas y promotores rapaces? Los críticos añaden asimismo que todo enfoque voluntario de la lucha contra la pérdida de biodiversidad socava el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el pacto mundial de 1992 que impone obligaciones legales a los países de conservar la abundancia de la naturaleza.
La protección de los espacios más importantes para la biodiversidad en el mundo exigiría adoptar medidas muy concretas en determinados países. Sin embargo, en el curso de los debates recientes sobre la propuesta del 30 % entre los aproximadamente 180 países signatarios del CDB, algunos de los más biodiversos han manifestado sus dudas sobre la idea o su capacidad para ponerla en práctica. Algunos han puesto en entredicho que vaya a contribuir gran cosa a la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Otros han preguntado si los países ricos estarían dispuestos a pagar el coste para los países de renta baja de reservar vastas áreas de su territorio nacional para la flora y la fauna silvestres.
Durante el Congreso de Marsella, pedí a la ministra de Medio Ambiente de Costa Rica, Andrea Meza Murillo, que explicara de qué manera el objetivo 30x30 iba a responder a algunos de estos problemas fundamentales. Sus respuestas fueron reveladoras: dijo que la cifra real no era tan importante, pero que hacía falta un número simple para llamar la atención de los políticos y del sector privado. Añadió que en realidad deberíamos hablar de 30x30x30, siendo el “x30” adicional el propósito de absorber alrededor del 30 % de las emisiones de carbono de los países ricos a base de las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” en el año 2030. Esta idea controvertida haría que alrededor del 30 % de la financiación mundial en defensa del clima se reorientara a las organizaciones conservacionistas para la plantación de árboles y la restauración de bosques y turberas y cosas por el estilo.
En otras palabras, todo esto va en realidad de señales políticas y dinero, más que de un intento serio de proteger la flora y fauna silvestres del planeta. Las soluciones basadas en la naturaleza para frenar el cambio climático han sido ampliamente criticadas y desechadas por científicos, que las califican de una distracción ineficaz, no fiable y peligrosa de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles.
Los grandes grupos conservacionistas internacionales deberían rebelarse abiertamente contra el objetivo 30x30, pero no lo hacen. De hecho, grupos como WWF y Conservation International están muy a favor del mismo. Es posible que ninguna de estas grandes empresas multinacionales sea realmente consciente de las intenciones de países como Francia y Costa Rica. O tal vez el aspecto más importante para ellas de este objetivo es simplemente que les abriría las puertas a un enorme aumento de la financiación para las Áreas Protegidas, es decir, al principal flujo de ingresos del sector conservacionista, independientemente de la eficacia de esa estrategia.
Los defensores del objetivo insisten en que la ciencia establece que un 30 % de la Tierra destinado a Áreas Protegidas es un mínimo. Sin embargo, existe el peligro real de que lleguemos a 2030 con nada que se acerque al 30 % de Áreas Protegidas del planeta o, peor aún, con muchas más Áreas Protegidas que han desplazado a cientos de millones de personas de sus tierras, pero apenas han ayudado a prevenir la pérdida de biodiversidad, y en pleno proceso de desaparición a marchas forzadas del tejido mismo que sustenta la vida.
Sería mucho mejor que se reclamara a todos los países, en el nuevo convenio sobre la biodiversidad, que identifiquen cuál es la causa real de la pérdida de su biodiversidad y establezcan entonces con rapidez sendos planes de acción para abordarla. Es preciso prestar atención especial al refuerzo de los derechos legales de los pueblos indígenas, cuyos territorios contienen, según los cálculos, el 80 % de toda la biodiversidad de la Tierra, pero que en gran parte siguen sin ser reconocidos legalmente. Junto con las demás numerosas comunidades locales que protegen la flora y la fauna silvestres, deberían ser la primera línea y el centro de la solución, en vez de un objetivo arbitrario y voluntario de crear Áreas Protegidas del tipo de las que ya han fracasado.
Notas:
[1] https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
[2] https://www.pnas.org/content/116/46/23209
________________________
No podemos hacer artículos como este sin tu apoyo. Dependemos de tus aportaciones para llevar a cabo nuestras investigaciones, denunciar y combatir las atrocidades cometidas por gobiernos y grandes empresas contra los pueblos indígenas. No aceptamos financiación de gobiernos, por lo que nuestra integridad nunca se ve comprometida. Por favor, hazte socio/a o dona. Sin ti, Survival no puede existir.
